Defender el territorio es defender la vida
Una de las amenazas más graves que afrontan los pueblos indígenas de América Latina es la falta de control sobre sus tierras y territorios ancestrales, que pone en peligro su su-pervivencia física y cultural. El modelo económico imperante, basado en la extracción y explotación de los recursos que existen en dichos territorios, es una de las principales causas del despojo que padecen estos pueblos.
En el departamento colombiano del Cauca, el 35 % del territorio está solicitado o concesionado para la explotación minera y otro porcentaje similar para la hidroeléctrica. En el caso del departamento de Antioquia, más del 80 % del territorio de los resguardos indígenas se encuentra en la misma situación. En Paraguay, la política de desarrollo rural se asocia a la producción extensiva de cereales —principal-mente soja, en la región Oriental— y la cría de ganado para la exportación —en el Chaco—, actividades que han provocado una deforestación indiscriminada en ambas regiones y una enorme presión sobre las tierras de los pueblos indígenas. La producción hidroeléctrica es otra de las bases de la economía paraguaya. Todas estas actividades generan situaciones de conflicto y emergencia social, económica, cultural y ambiental, que vulneran los derechos de las personas y pueblos indígenas.
La defensa de la tierra y el medio ambiente que los pueblos indígenas llevan a cabo para desarrollarse y proyectarse en sus territorios sobre la base de su cultura y su identidad se convierte en una amenaza para los intereses de las empresas y de los propios Estados, que aplican políticas contrarias a los derechos humanos y responden ejerciendo violencia y represión sobre las comunidades. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, territoriales y ambientales son sistemáticamente amenazados — en los casos más graves, desaparecidos o asesinados— y se criminalizan y judicializan sus legítimos actos de protesta y movilización. En Colombia, la situación se agrava con la extensión de los cultivos ilícitos y, sobre todo, la presencia de actores armados en los territorios indígenas, que no ha desaparecido a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC en 2016. En 2009 la Corte Constitucional emitió el Auto 004, que declaraba a 34 pueblos indígenas del país en riesgo de exterminio físico y cultural y ordenaba el diseño y aplicación de un programa de garantías y un plan para la protección y la reparación por la violencia sufrida en sus territorios. En Antioquia, el Plan de salvaguarda del pueblo embera contempla medidas de protección integral. En el Cauca, el Plan integral de reparación colectiva nasa de 2014 establece medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El gobierno nacional no ha garantizado la aplicación de los planes; tampoco ha cumplido los casi 1.400 acuerdos firmados con los pueblos indígenas desde 1996.
En Paraguay, a la falta de voluntad política se une una débil institucionalidad pública para garantizar los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas. Es el Estado de la región que cuenta con un mayor número de sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con pueblos indígenas, que continúan sin cumplirse íntegramente.
Ante esas amenazas y la ausencia de atención y garantías de protección por parte del Estado, los pueblos indígenas han definido sus propias formas de control y permanencia en el territorio, fuente de vida e identidad, así como mecanismos de defensa de la tierra y los recursos y de prevención y atención de los riesgos y vulneraciones que afrontan sus líderes y comunidades. El proyecto, que ha desarrollado acciones en los dos países, ha servido para actualizarlos y fortalecerlos, para empoderar a las organizaciones, los líderes y lideresas y los defensores y defensoras de derechos humanos indígenas implicados en la denuncia de sus violaciones y la exigencia de aplicación efectiva, así como para sensibilizar a las instituciones y sociedades nacionales sobre los riesgos que afrontan y la labor que desempeñan las personas que defienden los derechos humanos.
En la publicación que compartimos presentamos los principales logros y productos del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones indígenas de Colombia y Paraguay para la defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos que representan, en especial los derechos sobre sus tierras, territorios y medio ambiente”, coejecutado con la ACIN, la OIA y la FAPI en ambos países y cofinanciado por la Unión Europea. Nuestro propósito es darles difusión con el ánimo de que los planteamientos y soluciones propuestos en cada territorio puedan ser de utilidad en otros lugares. Terminamos con un apéndice en el que damos cuenta del impacto que la pandemia de la COVID-19 tuvo sobre el desarrollo de las acciones y las respuestas que se proporcionaron desde el proyecto.