Lanzamiento de la campaña #Defensores
El lunes 9 de diciembre, Día Internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) llevó a cabo el lanzamiento de la campaña #Defensores, que busca visibilizar el trabajo de los defensores indígenas en la defensa de sus territorios y del medio ambiente. Antes de la presentación se realizó un taller para periodistas en torno al papel de los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, en el que participaron periodistas y comunicadores de diferentes medios y organizaciones locales.
La campaña #Defensores se enmarca en el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones indígenas en Colombia y Paraguay para la defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos que representan en especial los derechos de sus tierras, territorios y medio ambiente, cofinanciado por la Unión Europea. La campaña se llevará a cabo durante todo el mes de diciembre mediante la difusión de mensajes en vídeo, spots radiales y gráficas y se engloba en el marco de otras iniciativas mundiales de incidencia, como la #IniciativadeToleranciaCero, impulsada por varias organizaciones a nivel global, entre ellas la FAPI, y #EstoyConQuienDefiende, en concordancia con la Movilización mundial contra la criminalización de los defensores de los derechos sobre la tierra que lleva a cabo #LandRightsNow.
Durante el lanzamiento, los defensores invitaron a la ciudadanía a participar apoyando y sumando su voz a la lucha y el trabajo que llevan adelante por defender sus territorios y el medio ambiente, no solo por ellos, sino para toda la humanidad.
En el evento se hizo entrega de un material educativo que forma parte de la campaña, la cartilla de Protección a defensores y defensoras indígenas de los derechos colectivos sobre sus tierras, territorios y medioambiente, que reúne insumos sobre el contexto nacional en que ejercen su labor, normativa nacional e internacional y medidas concretas de protección y autoprotección frente a amenazas y riesgos.
Además, se difundieron el vídeo oficial y los dos spots promocionales de la campaña, en guaraní y en castellano.
Taller para periodistas
El taller para periodistas contó con la participación de más de 20 comunicadores de diferentes medios, quienes dialogaron con los defensores. Una de las disertantes del taller fue Antolina González, parte de la comisión directiva de la FAPI y de la organización Teko Yma Jee’a Pavé de Caazapá. Antolina forma parte de la comunidad Ypeti, integrada por 130 familias del pueblo mbya guaraní, en el distrito de Abai, departamento de Caazapá, a unos 250 kilómetros de Asunción. La comunidad resiste en unas 1.120 hectáreas de tierra que forman parte de su antiguo territorio tradicional, actualmente bajo el asedio de productores sojeros, traficantes de madera y cultivadores de marihuana.
Defendiendo los bosques, en varias ocasiones Antolina ha recibido disparos, amenazas y golpizas. Pese a eso, continúa desempeñando su rol de defensora. Las tierras que protege forman parte de la Reserva San Rafael, denominada Tekoha Guasu por los mbya guaraní, uno de los últimos remanentes de bosque que quedan en Paraguay.
Otro de los defensores que participó en el taller fue Alberto Vázquez, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI), desde la que se impulsan acciones concretas para preservar el Tekoha Guasu. Alberto ha liderado junto a su pueblo una larga batalla para que el Estado paraguayo cumpla con la deuda histórica que tiene con los mbya tras haberles expulsado de sus tierras ancestrales en los años 80, sin consulta ni indemnización alguna, para la construcción de la hidroeléctrica binacional Yacyretá (EBY). El Estado no ha hecho hasta la fecha ninguna reparación de los daños causados a las familias y comunidades indígenas mbya asentadas en Itapúa.
También estuvo presente Cristóbal Martínez, líder de la comunidad Tekoha Sauce y presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas Ava Guaraní del Alto Paraná (ACIGAP). Su comunidad ha sostenido una lucha incansable tras la expulsión de sus territorios ancestrales por parte de la empresa Itaipú para la construcción de una hidroeléctrica en la frontera con Brasil. Tampoco en este caso hubo ningún tipo de indemnización ni reparación por los daños causados y las tierras arrebatadas. Actualmente las 43 familias que componen la comunidad están viviendo en la reserva Limoy de la Itaipú -parte de su territorio ancestral-, con presión y amenazas constantes, entre las que se cuentan una orden de desalojo interpuesta por la empresa.